La Defensoría del Pueblo planteó al Ejecutivo una serie de medidas que buscan endurecer los protocolos de prevención del COVID-19 en el transporte público nacional, con el objetivo de reducir el impacto en la propagación del virus que podría originarse con el reinicio progresivo de distintas actividades presenciales que demandarán un uso masivo de los medios que utiliza la población para movilizarse.

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Mediante un documento dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la entidad manifestó su preocupación debido a que las infracciones por incumplimiento de los protocolos sanitarios no prevén sanciones en casos como el de vehículos de transporte que mantienen las ventanas cerradas, pese a las evidencias que demuestran que la ventilación natural puede reducir el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias.

En ese sentido, se pide al Ejecutivo que tipifique la falta de ventilación de los vehículos de transporte regular de pasajeros como infracción grave, estableciendo a su vez la obligatoriedad de colocar un elemento físico que impida el cierre de las ventanas o, en su defecto, el retiro de las mismas.

Se señala también en el documento la necesidad de que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de exigir el uso de doble mascarilla al momento de abordar vehículos de transporte regular de pasajeros.

Además, se plantea incrementar la flota vehicular dedicada al traslado de personas en el ámbito urbano con el fin de reducir el tiempo de exposición al contagio.

Asimismo, se pide establecer restricciones para la circulación de vehículos de uso particular en determinadas vías, según horarios. Ello, a fin de lograr que las principales vías por donde se desplaza el transporte urbano masivo se vean despejadas de la congestión vehicular, permitiendo de esta manera una reducción significativa en el tiempo de permanencia de las y los pasajeros dentro de los vehículos.

Finalmente, se solicitó también evaluar la necesidad de dictar un nuevo subsidio a favor del transporte urbano regular para no afectar el desarrollo de la actividad con la adopción de las medidas sanitarias y la reducción de pasajeros durante el recorrido.

De igual manera, se plantea el establecimiento de protocolos sanitarios para la prestación del servicio de transporte de estudiantes. Cabe mencionar que para la Defensoría del Pueblo, estas medidas deben tener carácter excepcional y temporal a fin de permitir el traslado seguro de personas en el ámbito urbano, más aún de los escolares que retornarían a clases presenciales. 

Con información de la Defensoría.