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Caso Huanta 1984: Poder Judicial condena a exmarino por asesinatos y desapariciones forzadas

Alberto Rivero Valdeavellano, exoficial de la Marina de Guerra, fue condenado a 18 años de prisión por los asesinatos y desapariciones forzadas de pobladores de Huanta (Ayacucho).
HUANTA 1984

En 1984 ocurrió el asesinato de varios pobladores y la desaparición de 50 personas en Huanta (Ayacucho). Foto: LUM.

En 1984 ocurrió el asesinato de varios pobladores y la desaparición de 50 personas en Huanta (Ayacucho). Foto: LUM.
10:45 horas - Miércoles, 2 Octubre 2024

Luego de 40 años de ocurridos los asesinatos y desapariciones forzadas de decenas de pobladores de Huanta (Ayacucho), el Poder Judicial condenó a 18 años de pena privativa de libertad a Alberto Rivero Valdeavellano, exoficial de la Marina de Guerra del Perú, por este caso. 

Alberto Rivero fue sentenciado por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala y otros. Asimismo, como autor mediato de homicidio calificado contra un grupo de personas, según la sentencia leída por el Poder Judicial.  

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¿QUÉ PASÓ EN HUANTA, EN 1984?

En 1984 ocurrió el asesinato de 6 evangélicos, la desaparición de 50 personas ―que luego fueron halladas en fosas comunes― y la detención y desaparición del periodista Jaime Ayala. 

De acuerdo con la investigación, el hombre de prensa ingresó al estadio de Huanta en agosto de 1984 a preguntar por la situación de personas detenidas. Después de ello, no se conocieron más noticias de él.

Ayala Sulca era un conocido periodista que denunció violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros de la Marina de Guerra, que tenían el control político-militar de Huanta y La Mar, en Ayacucho.

caso huanta 1984

Conmemoración en el LUM en memoria de Jaime Ayala, periodista desaparecido forzadamente el 2 de agosto de 1984, en Huanta (Ayacucho). Foto: LUM.

CASO HUANTA 1984 CUMPLIÓ 40 AÑOS

Además de la sentencia de 18 años, el Ministerio Público fijó un monto de S/100 000 por concepto de indemnización para las víctimas y, entre otras medidas de reparación, la atención psicológica para los familiares de los agraviados, se ofrezcan disculpas públicas y un acto de dignificación, al considerar que los hechos acontecidos estuvieron a cargo de agentes estatales contra pobladores inocentes.

La sentencia también precisa no podrá acogerse a la ley que dispone la prescripción de los delitos, ya que ello es contrario a la normativa interna y a las obligaciones internacionales que tiene el Estado.

La precitada condena ha concluido con más de dos años de juicio oral y se ha dado luego de transcurrir más de 40 años de acontecidos los hechos, resaltó la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

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