El juez de la Octava Sala de Investigación Preparatoria de Independencia, Valery Raúl Romero Palacios, consideró que también hay responsabilidad de la municipalidad y del gobierno local en el tema de la tragedia ocurrida en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos.

Ellos tienen el deber de fiscalizar, acá no se pueden sustraer de la obligación, porque ellos están en esa facultad y la ley establece que hagan labores preventivas y esto va de la mano con lo que es labor del Ministerio Público (MP) respecto a la labor de prevención del delito, indicó. 

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Respecto precisamente a lo que pasó en la discoteca mencionada, el magistrado indicó que todo dependerá de la investigación y como el MP lo incorpore en el proceso. En este caso quien realiza la acción directa es quien responde como autor o responsable directo del hecho, pero en suma estas empresas pueden responder como terceros civilmente responsables, acotó. 

Consultado en el programa Que Está Pasando, de TVPerú, sobre las penas que podrían enfrentrar las personas que sabiendo que es portador del virus concurre a un lugar público o prohibido, el juez dijo que si causa lesiones o contagia puede llegar a penas de 10 años de pena privativa de la libertad.

Precisando aún más, expresó que si el infectado conocedor de su situación de portador causa lesiones graves o la muerte, su pena puede llegar a 20 años de prisión. 

En el caso de Los Olivos todo dependerá de la investigación fiscal para ver si alguien sabía que era o no portador de la enfermedad y propaló la misma, acotó.