Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en Conchán
El Poder Judicial ordenó a la empresa Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en la garita de Conchán. Foto: Andina (archivo).
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín declaró fundado en parte el recurso de hábeas corpus presentado por el alcalde de Lurín, Juan Raúl Marticorena, contra la empresa Rutas de Lima S. A. C. y ordenó suspender el cobro del peaje en la garita de Conchán.
“Ordena a Rutas de Lima S. A. C. suspender el cobro de peaje (…) hasta que se adopten las medidas para que cese el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito, o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito, o no”, señala la resolución judicial.
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Además, la resolución dispone el retiro de las garitas y que Rutas de Lima concluya con la reparación del puente Conchán, debido a que continúa beneficiándose del cobro del peaje de San Pedro.
ALCALDE DE LURÍN SE PRONUNCIA
En declaraciones a TVPerú Noticias, el alcalde de Lurín, Juan Raúl Marticorena explicó que con la suspensión de esos cobros se está restituyendo el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
Asimismo, indicó que continuarán trabajando para lograr la eliminación de los peajes de San Pedro y Arica, al considerar que vulneran los derechos de los ciudadanos.
RUTAS DE LIMA SE PRONUNCIA
A través de un comunicado, Rutas de Lima S. A. C. rechazó la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, a la que califica de arbitraria y de vulnerar el marco normativo peruano.
No obstante, "sin perjuicio de las impugnaciones correspondientes y en estricto respeto al Estado de derecho y la institucionalidad", ha procedido a acatar de inmediato la medida de suspensión del cobro del peaje en la Unidad de Peaje de Conchán.
La empresa acusa que esta resolución judicial forma parte de una "campaña sistemática" de "hostigamiento judicial, mediático y político, impulsada por el Estado peruano", incluyendo principalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde, Rafael López Aliaga, "a la que se han sumado otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo", dice el documento.
Además, señala que la referida sentencia "vulnera las garantías a la inversión privada y socava gravemente la seguridad jurídica que debe primar en el país".
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