PNP acoge recomendación de Defensoría para atender llamados de auxilio por intentos de suicidio
Andina
La Defensoría del Pueblo destacó la decisión de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), que permitirá a sus efectivos policiales desarrollar oportuno auxilio a las víctimas, frente a casos de intentos de suicidios.
La oficina de la Defensoría en la capital recomendó a la Región Policial Lima regular la actuación policial antes, durante y después de atender los llamados de auxilio por intento de suicidio; garantizando una atención integral de la víctima, con especial énfasis de su salud mental, con un enfoque de derechos humanos.
Esta recomendación fue elevada a la Comandancia General de la PNP que, acogiendo la misma, ha conformado una Comisión que tiene a su cargo evaluar, diseñar y elaborar el protocolo y/o directiva que guíe la actuación policial en estos casos.
La Defensoría del Pueblo recordó que tras conocer la muerte de una joven al interior de la unidad móvil de la Comisaría de Miraflores, advirtió que la PNP no contaba con un protocolo que regule la atención de casos ante el llamado de auxilio por intentos de suicidio.
Asimismo, verificó que este tipo de hechos no son registrados debidamente en el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), información que permitiría desarrollar políticas públicas sobre la grave problemática de salud mental en el país.
En efecto, la institución evidenció la necesidad de abordar los suicidios y los intentos de suicidios, como un problema público que requiere acciones de prevención por parte del Estado en materia de seguridad humana.
Además, la necesidad de que, ante los llamados de auxilio por intentos de suicidio, los efectivos policiales conduzcan a las víctimas rescatadas a los servicios de emergencia de los establecimientos de salud más próximos al lugar de intervención, para garantizar su atención inmediata.
Finalmente se indicó que la institución estará atenta a la implementación policial de este protocolo con la debida celeridad, de acuerdo con la función protectora de los derechos fundamentales de toda persona y de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal.
