Hasta ahora no se sabe cuál será el daño como consecuencia de este derrame. Se aprecia un esfuerzo bastante limitado por parte de la empresa responsable. Para esto, Kike Figueroa, Director de valoración y pericias de la Procuraduría, espera que las instituciones involucradas como Repsol y los organismos pertenecientes al Estado provean la información necesaria para que puedan estimar el costo del daño ocasionado por este desastre ecológico.

Así señala que el 20 de enero un equipo de expertos de la Procuraduría General del Estado se ha constituido con un equipo de la Procuraduría especializada en delitos ambientales del Ministerio del Ambiente. “Esto ha sido en la playa Cavero para recoger datos preliminares del trabajo que están realizando todas las instituciones competentes”, afirma, “básicamente, nos estamos concentrando en dos tipos de daños: la fauna silvestre y recursos hidrobiológicos”

En la sección Alerta Verde de la Edición Domingo de TVPerú Noticias, Figueroa sostiene que es un caso complejo y no podría definir una fecha exacta para transmitir los resultados del análisis general de los daños ocasionados. “Nosotros estamos con todos los profesionales que se requieren para hacerlo a la brevedad posible. Este es un trabajo en el que somos dependientes de la información que nos vayan a pasar las instituciones correspondientes”, reitera. 

No obstante, hay un golpe económico importante hacia el Estado porque las diferentes entidades que participan como el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales están invirtiendo dedicación, horas hombre y presupuesto para contener la emergencia que Repsol no ha logrado contener debidamente. “Vamos a recabar toda esa información proveniente de los gobiernos locales que está invirtiendo en maquinarias y en equipos para remover las arenas contaminadas. Todo eso en conjunto constituye un gasto para el Estado que va a ser considerado definitivamente. Ya nos vamos a poner en contacto en estos días, en estas semanas”.