Sin perjuicio de la investigación y determinación de las responsabilidades administrativas, penales y civiles que correspondan contra las empresas involucradas; la Defensoría del Pueblo demandó a las autoridades competentes y a la empresa Volcan Compañía Minera S. A. A. destinar las medidas para garantizar que las poblaciones afectadas por la volcadura de uno de los camiones contratados para transportar zinc cuenten con agua apta para el consumo humano; y que los acuicultores, agricultores y ganaderos afectados en sus actividades económicas cuenten con ayuda inmediata para revertir los daños causados sobre su producción.

“Si bien se ha constatado la participación de la Fiscalía Especializa en Materia Ambiental y de la Autoridad Nacional del Agua para evaluar los daños producidos, los pobladores de las zonas afectadas necesitan ayuda inmediata, porque además de la afectación a los acuicultores con la muerte de más de mil toneladas de truchas -desde el punto del derrame hasta Santa Rosa de Quives existen 21 piscigranjas aproximadamente-, también se han visto afectados agricultores y ganaderos”, afirmó Estela Lozano, jefa de la Oficina Defensorial de Lima Norte, durante una supervisión en la zona.

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De otro lado, se advirtió que este accidente ha dejado a varios centros poblados sin agua potable, ya que este recurso era captado del río Chillón para destinarlo al consumo humano. “Específicamente, se han visto afectados los anexos de Challhuay y otros que se encuentran entre Canta y Santa Rosa de Quives. En tal sentido, se requiere que las autoridades competentes y la empresa minera garanticen a las personas el acceso continuo a este recurso”, indicó la funcionaria, al precisar que la afectación producida por este accidente cubre una distancia mucho mayor a la señalada por la empresa minera, puesto que se advierten impactos desde Cullhuay hasta Santa Rosa de Quives.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las municipalidades de la zona, como Huaros, Canta y Santa Rosa de Quives, que realicen la evaluación de daños e identifiquen a las personas afectadas en sus medios de vida. También ha coordinado con la Red de Salud de Canta el análisis de los diversos puntos de captación de agua para consumo humano, labor que ya vienen desarrollando.

En la misma línea, invoca a las autoridades de salud de la provincia de Canta y de la Diresa Lima Provincias realizar la vigilancia epidemiológica de la población, a fin de advertir oportunamente potenciales problemas de salud derivados de este evento y adoptar las acciones correspondientes.

La Defensoría del Pueblo seguirá supervisando la actuación de las autoridades competentes para que se garanticen los derechos de las poblaciones afectadas, ya que esta situación pone en riesgo su salud y las principales actividades para su sustento económico.