Ante la declaratoria de Estado de Emergencia dictada por el Gobierno, en la que dispone el toque de queda obligatorio desde las 02:00 hasta las 23:59 horas de hoy, martes 5 de abril, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo “es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.

Además, señala que “el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que los estados de emergencia y las medidas que se imponen a su amparo deben responder de forma inexcusable a los criterios de proporcionalidad y necesidad”, pero que “estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta no se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”.

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“La orden de inamovilidad no toma en cuenta los severos impactos que causarán a las trabajadoras y los trabajadores del país, la mayoría de los cuales laboran en condiciones de informalidad, razón por la que su derecho al trabajo se verá afectado lo mismo que otros derechos como a la alimentación, salud y educación”, afirma la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, “dado el carácter intempestivo de la medida, sus consecuencias serán aún más dañinas y generarán alarma en la población en unas circunstancias en las que se necesita calma y serenidad para resolver el conflicto generado a raíz de las demandas de los transportistas y los agricultores. La forma intempestiva en que ha sido tomada la medida viola el deber de previsibilidad jurídica que todo Estado debe tener hacia la ciudadanía”.

En sus dos últimos puntos de su pronunciamiento, la Defensoría señala también que los estados de emergencia no son mecanismos que se usen para gestionar conflictos sociales, “para eso están los procesos de diálogo que el propio gobierno ha propiciado y cuyo compromiso de reunirse con los gremios en conflicto está aún pendiente”.