La Defensoría del Pueblo informó que dirigió un oficio al alcalde de Lima, Luis Castañeda, como consecuencia del acompañamiento del despliegue de diversas instituciones públicas ante la emergencia en Cantagallo. 

Aunque constataron la atención de la misma y las primeras acciones realizadas, la entidad expresó su preocupación y puntualizó algunos de los derechos que están siendo vulnerados. “El documento recuerda que los habitantes de Cantagallo se encuentran asentados en un terreno que inicialmente fue usado como botadero, lo que no asegura el ejercicio de su derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, reconocido por la Constitución”, se detalló. 

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“La mayoría de ciudadanos no cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado, y tampoco con energía eléctrica, lo que resulta indispensable para el pleno goce de los derechos a la vida y la salud. “Tampoco cuentan con las condiciones mínimas de vivienda o habitación”, agregó.

Sobre el contenido del oficio, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, indicó: “Lo urgente en Cantagallo en este momento es que se garantice los derechos de los ciudadanos afectados. La Municipalidad de Lima y la del Rímac deben enfocarse en el bienestar de la comunidad shipibo-konibo, independientemente de las responsabilidades que a las pasadas o actuales gestiones les corresponda asumir en su momento”.