La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre (PRS). La medida busca contribuir a que los transportistas formales destinen sus recursos financieros a la mejora de la prestación del servicio público, lo que contempla la adquisición de nueva flota vehicular, ante la coyuntura económica adversa que atraviesan por el impacto de los delitos de extorsión en su trabajo diario.

Asimismo, facilita el cumplimiento de las obligaciones producto de sanciones impuestas a transportistas formales.

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Esta medida excepcional fue aprobada mediante la resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 394-2025-ATU/PE, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, con el objetivo de ofrecer a los transportistas formales la oportunidad de reducir hasta en 95 % sus deudas generadas por infracciones a la normativa de transporte terrestre de personas.

Asimismo, el Programa de Regularización de Sanciones es aplicable a todas las modalidades de transporte terrestre, entre regular (buses convencionales) y especial (taxi en sus dos modalidades, transporte de personal y transporte de estudiantes).

¿CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO?

Para acceder al beneficio, el transportista debe ser formal y reconocer voluntariamente su responsabilidad administrativa, lo que implica la aceptación de la infracción y el desistimiento de cualquier recurso administrativo o judicial en trámite.

Durante la vigencia del Programa de Regularización de Sanciones, pueden solicitar acogerse a este beneficio los transportistas que cuenten con procedimientos administrativos sancionadores en trámite, con resoluciones de sanción firmes o resoluciones de sanción impugnadas en la vía administrativa o ante el Poder Judicial, que tengan actas de fiscalización impuestas o resoluciones de inicio notificadas, o cuenten con actas en ejecución coactiva.

Esta medida que también permite la condonación del 100 % de costos y gastos administrativos, tiene un plazo de adecuación hasta por treinta (30) días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la resolución, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.

El acogimiento al PRS genera la conclusión y/o archivo del procedimiento de ejecución coactiva, según sea el caso, y la no consideración de las sanciones regularizadas para efectos de reincidencia.

Cabe precisar que el programa no es aplicable por infracciones cometidas al prestar el servicio de transporte informal en todas sus modalidades.

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