La justicia de Ecuador condenó en primera instancia a más de 34 años de cárcel a Carlos Angulo, responsable de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio desde una prisión, informó este viernes el tribunal encargado de juzgar el magnicidio.

A Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, "se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad", dijo Milton Maroto, juez ponente del caso al leer la sentencia.

[Lee también: Donald Trump instó a Joe Biden a realizarse un test cognitivo tras lapsus en cumbre de la OTAN]

Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios colombianos que asesinaron a disparos a Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.

Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.

De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba el sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.

El día del magnicidio otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.

"Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir", escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.

"No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir", agregó.

Villavicencio fue un periodista de investigación que destapó varios escándalos de corrupción. Sus hallazgos salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la "cabeza" del candidato "valía 200.000" dólares y que en el caso estaba implicado el gobierno de Correa.

El exmandatario, que vive en Bélgica y es considerado un prófugo en Ecuador, niega cualquier vínculo con el magnicidio.

(Con información y fotos de AFP)