En Costa Rica, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y con sus propias herramientas se busca su regulación.

Un grupo de parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica presentaron el primer proyecto de ley para regular el uso de la inteligencia artificial en su país.

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Sin embargo, lo curioso es que el documento fue redactado, en su totalidad, con esa misma tecnología. En este caso, la herramienta elegida fue el ya popular ChatGPT-4, una inteligencia artificial especializada en diálogos que es capaz de brindar respuestas articuladas a preguntas muy específicas.

“Pretendemos regular la inteligencia artificial o llegar a la determinación de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial”, declaró la diputada costarricense Vanessa Castro, durante la presentación del proyecto de ley.

Los legisladores explicaron los procedimientos que siguieron para obtener el documento final.

 “Se le dijo que pensara como un abogado asesor legislativo y que creara una regulación para la inteligencia artificial teniendo en cuenta la constitución política de 1949”, declaró Vanessa Castro, miembro del Partido Unidad Social Cristiana.

Con estas indicaciones, los legisladores del país centroamericano se habrían asegurado de que la inteligencia artificial se enfocara en los derechos humanos y las garantías para las personas.

La iniciativa busca medidas para garantizar la transparencia, privacidad y seguridad de los datos, promover la investigación y desarrollar metodologías que permitan aumentar la aplicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial.

“Queremos dejar muy claro que la tecnología es un instrumento al servicio del ser humano y como tal debemos controlarlo, sin negar a utilizarlo en todos los aspectos de nuestra vida”, precisó la congresista Vanessa Castro.

El mecanismo utilizado, ChatGPT-4, sugirió incluso la creación de un ente rector que supervise el uso, propósitos y funcionalidades de la propia inteligencia artificial, así como las medidas de seguridad que deberán implementarse.

La propuesta, que ya cuenta con el apoyo de varios partidos políticos, será revisada por diferentes especialistas antes de ser puesta a debate para su posterior aprobación.