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Argentina: gobierno de Javier Milei cobrará a manifestantes por operativo de seguridad

"Las calles no se toman... si se toman las calles va a haber consecuencias", había dicho en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Javier Milei

En la primera protesta en la que se implementó el "Protocolo de orden público", miles de personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP.

En la primera protesta en la que se implementó el "Protocolo de orden público", miles de personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP.
16:10 horas - Viernes, 22 Diciembre 2023

La primera marcha en contra del gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, generará gastos para los manifestantes, quienes deberán cubrir los costos del operativo de seguridad desplegado, según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El monto estimado del operativo, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad, se sitúa en 60 millones de pesos, equivalentes a unos 72 700 dólares al tipo de cambio oficial.

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ARGENTINA: ¿QUÉ ES EL “PROTOCOLO DE ORDEN PÚBLICO”?

"Esa será la factura que se le pase a los movimientos sociales", a los que intimará "para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía", declaró Adorni.

Miles de personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires en la primera protesta en la que se aplicó el "Protocolo de orden público", también llamado "antipiquete", que tiene como objetivo impedir los cortes de calles.

"Las calles no se toman... si se toman las calles va a haber consecuencias", había dicho en rueda de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", concluyó.

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Manifestantes eran encabezados por organizaciones sociales, según el gobierno Argentino, que están contra las nuevas medidas del presidente Javier Milei. Foto: AFP.

ARGENTINA: LA FACTURA DE SEGURIDAD ANTIPROTESTA PARA ORGANIZACIONES SOCIALES

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido anteriormente que los costos de los operativos de seguridad serían facturados a las organizaciones responsables, y aquellos que cortaran calles podrían perder el "plan social" (asistencia social).

Este enfoque busca imponer el orden público y garantizar la convivencia pacífica de la ciudadanía.



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