El Ejecutivo observó, este lunes 26 de abril, la ley que facultaba un nuevo retiro de fondos de las AFP. De acuerdo con el Gobierno, de aprobarse se estaría vulnerando el derecho fundamental que el Tribunal Constitucional ampara; ya que, "los sistemas de pensiones han sido creados con la finalidad de proteger a las personas al momento de envejecer".

"El fin de la pensión de jubilación es proteger al trabajador durante su etapa laboral pasiva", sostiene el Gobierno en la autógrafa ley firmada por el presidente de la República, Francisco Sagasti, y la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

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Por su parte, el TC señala que el "contenido esencial" del derecho fundamental a una jubilación digna está constituido por 3 elementos: "el derecho de acceso a una pensión; el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella; y, el derecho a una pensión mínima".

En ese sentido, consideran que "la pensión es parte del patrimonio" y no de la propiedad del individuo. "La pensión no es un derecho real sobre un bien; sino un derecho a percibir un determinado monto de pago periódico", se lee en el oficio.

Cabe mencionar que, como bien lo menciona el Gobierno de Transición y Emergencia, solo un porcentaje reducido de trabajadores son parte del mercado laboral formal; por lo que, el 70% de la población que se encuentra en la informalidad, no recibiría ningún tipo de "beneficio" con el retiro de los aportes de las AFP.

"Asimismo, de aprobarse la medida, se podría generar el doble pago de una obligación parte de los afiliados al Sistema Privados de Pensiones (SPP) que se encuentran al día de sus obligaciones".

La norma tenía como finalidad el retiro progresivo de hasta 4 UIT (17.200 soles) para todos los afiliados de las AFP; así como el desembolso del 100% de los fondos para aquellos afiliados mayores a 40 años y que no hayan aportado por cinco años.