La Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación recibió ayer la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Manuel Burga, por parte de las autoridades competentes de los Estados Unidos de América.

El oficio fue remitido al jefe de esta oficina, Alonso Peña, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la información fue trabajada con absoluta reserva y confidencialidad con el fin de que la solicitud, de las autoridades norteamericanas, se resolviera de manera exitosa.

Cabe destacar que el mismo día en que se recibió el documento, esta unidad del Ministerio Público realizó con celeridad el trámite ante el Poder Judicial, recayendo el pedido en el Séptimo Juzgado Penal de Lima que despacha el magistrado William Lugo.

Inmediatamente, el equipo de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación inició las coordinaciones con la citada autoridad judicial sobre los procedimientos a seguir ante una medida de esta naturaleza. Aproximadamente a las 19:00 horas de ayer el juez Lugo emitió la orden de captura nacional del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol a la División de Requisitorias, amparando el pedido de las autoridades estadounidenses.

La solicitud recibida por el Ministerio Público, indicaba también la incautación de todos los bienes y documentos que estaban en posesión del reclamado al momento de su detención.

Burga deberá permanecer en Requisitorias este fin de semana para ser puesto a disposición del juez el lunes 7 de diciembre, procediéndose a tomar su declaración de ley en presencia de su abogado y del fiscal homólogo al juzgado.

Por otro lado, la justicia norteamericana tiene un plazo de 60 días para presentar el cuaderno de extradición ante las autoridades peruanas, tiempo durante el cual el reclamado deberá permanecer detenido.

Cabe recordar, que la investigación preliminar seguida en la Fiscalía de Lavado de Activos contra Burga y otros 66 investigados, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, se inició a fines de enero de este año y remitieron en junio pasado una solicitud de asistencia judicial internacional a Estados Unidos. Dichas autoridades contestaron recientemente que mientras duren sus investigaciones no podrán atender el pedido de Perú.