El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Andrés Ángel Montoya Mendoza, logró que se sentencie a tres exfuncionarios de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) y un representante de la empresa Consorcio Cesel-Pöyry, acusados por el delito de negociación incompatible.

Las condenas –por cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva y 24 meses de inhabilitación– se dictaron contra del ex director ejecutivo de AATE, Oswaldo Duber Plasencia Contreras; el ex encargado de la Jefatura de Obras Civiles, Jorge Alberto UrdaniviaDavelouis; y el representante de la empresa Consorcio Cesel-Pöyry, Robert KurtJungkind. 

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Asimismo, se impuso una condena de cuatro años y dos meses de prisión efectiva a Johnny Enrique Garro Fernandini, encargado de la transferencia de bienes al concesionario.

De acuerdo a la investigación fiscal, los condenados exfuncionarios públicos, conjuntamente con el supervisor de obra –beneficiaron dolosamente al Consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por las empresas Graña y Montero y Norberto Odebrecht– al liberarlos del pago de una penalidad por mora superior a US$50 millones.

Esta penalidad había sido impuesta por el retraso injustificado en la definición y suministro de repuestos, herramientas, equipos y piezas críticas del equipamiento electromecánico y material rodante existente. 

De igual manera, los acusados permitieron que el contratista elabore el expediente técnico y ejecute las obras civiles y electromecánicas sin la participación del jefe de proyecto y residente de obra que fueron ofertados en su propuesta técnica.

De esta manera autorizaron de forma indebida que estos sean reemplazados por profesionales con menores calificaciones y nula experiencia en la construcción de trenes eléctricos.

Cabe precisar que la acusación también comprendió –durante el proceso– al gerente de Operaciones y Mantenimiento de la AATE, Walter Héctor Arboleda Gordon. Sin embargo, se declaró la extinción de la acción penal contra este imputado, debido a que falleció antes de la culminación del juicio.