Gobierno: Medidas cautelares de la CIDH carecen de sustento legal
Por carecer de “fundamento legal”, el Gobierno de Perú rechaza el fallo de CIDH en el que pide resguardar la integridad del encarcelado ex presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos. La cuestión jurídica fue comentada hoy por el representante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez Mayor.
“El Perú a partir de este momento y caso plantea, y se une a países como Colombia y EEUU, la ilegitimidad de medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su falta de sustento jurídico”, resumió sobre las consecuencias de la cuestionada resolución para la relación entre el Estado del Perú y la CIDH.
“No existe ninguna norma internacional que obligue a un Estado a cumplir una medida cautelar de la CIDH”, remarcó Jiménez Mayor.
“El Estado peruano garantiza a todos los ciudadanos protección respecto a su vida e integridad”, indicó en respuesta a la sentencia (N° 18/2015, de fecha 14 de mayo de 2015) de la CIDH y agregó que “Santos se encuentra recluido en una zona especial (de Piedras Gordas I), justamente, para garantizar su integridad y su vida”.
A saber, el Ministerio de Justicia señaló ayer que el fallo en cuestión "va en perjuicio de los esfuerzos que el actual Gobierno Peruano viene realizando en favor de la promoción y protección de los derechos humanos".
