Martín Vizcarra: SAC admite a trámite denuncia constitucional por caso de pruebas rápidas
Subcomisión admite a trámite denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por caso de pruebas rápidas. Foto: Andina.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, por presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19, planteada por la Fiscalía de la Nación.
Con 15 votos a favor y una abstención, la subcomisión presidida por María Acuña (Alianza para el Progreso) aprobó el informe de calificación a favor de admitir esta causa.
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La denuncia también comprende al exministro de Salud, Víctor Zamora y a la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por la posible comisión del delito de colusión agravada, tipificado en el Código Penal, por utilizar recursos del Estado, supuestamente en forma indebida.
Los hechos, que constituirían el delito de colusión agravada, habrían ocurrido entre marzo y abril del año 2020 en el contexto de la declaratoria de emergencia provocada por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
¿QUÉ DICE EL INFORME?
De acuerdo con el informe, la supuesta concertación ilícita benefició a empresas particulares a través de compras directas, sin cumplir con los requisitos necesarios.
Las adquisiciones se habrían hecho a las empresas Nipro Medical Corporatioon, sucursal Perú y Mulmedical Supplies S.A., a través de compras directas más de un millón de pruebas rápidas de diagnóstico serológico, cuestionadas por el organismo rector e internacionales, las que recomendaban las moleculares.
Se sindica a Vizcarra Cornejo por ser quién ordenó la directiva a la titular del MEF para que viabilizará la compra de las pruebas rápidas a través del D.U. 28 -2020, por un monto que supera los seis millones de dólares americanos, comprometiendo recursos públicos, de manera presuntamente de manera irregular.
Con relación al exministro de Salud, se le acusa de haber concretado el favorecimiento al organizar la aplicación de las referidas pruebas y no velar por la seguridad de la salud; y a la exministra de Economía y Finanzas, de haber gestionado la apertura de partidas presupuestales.
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