El ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, consideró “prematura” la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones por el caso Rólex.

“Esta denuncia ha sido prematura, muy urgente, a razón de la interposición de la demanda competencial. Lo que yo creo que correspondería, para garantizar el debido procedimiento, es esperar a que el Tribunal Constitucional admita o no la demanda constitucional, y si la admite estamos frente a un proceso”, declaró a la prensa.

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Asimismo, explicó que la intención de la demanda competencia es que “el máximo intérprete de la Constitución pueda determinar finalmente si el Ministerio Público tiene o no tiene facultades para investigar a un presidente en ejercicio”.

En sa línea, indicó que correspondería suspender todo procedimiento, en refrencia a la denuncia constitucional, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la demanda competencial, tal y como "se ha hecho en otros casos". Por lo que considerá que lo mejor sería esperar la admisión de la medida que interpondrá el Ejecutivo.    

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, explicó que la demanda competencial que interpondrá el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial busca definir los alcances del artículo 117 de la Constitución, a fin de resguardar la institucionalidad de la figura presidencial.

 “La demanda tiene como único propósito que el Tribunal Constitucional determine cuáles son los únicos casos en los que la institución de la Presidencia de la República puede ser objeto de una investigación”, indicó el jefe del gabinete ministerial, quien precisó que la acción legal será ejecutada por el procurador especializado en materia constitucional.

 PRESENTAN DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA PRESIDENTA BOLUARTE

La Fiscalía de la Nación presentó este lunes 27 de mayo una denuncia constitucional contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Esto por el caso Rolex.

"Los hechos están referidos a que la jefa de Estado habría recibido —en calidad de donación— del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta", precisó la fiscalía.