Poder Judicial rechaza norma que reduce la edad de responsabilidad penal a adolescentes de 16 y 17 años
el Poder Judicial señala que juezas y jueces están facultados para ejercer control difuso en inaplicar la norma. Foto: difusión.
El Poder Judicial emitió un pronunciamiento respecto a la promulgación de la Ley N.º 32330, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes e incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos penalmente imputables dentro del sistema penal ordinario.
A través del documento, rechaza la norma por considerarla incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. “Esta reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección”.
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Asimismo, señala que la norma contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación, la reintegración social y el respeto por la dignidad de las personas menores de edad.
El documento recuerda que el Comité de Derechos del Niño ha manifestado su preocupación ante normas que permiten juzgar a adolescentes como adultos, señalando que estas medidas son incompatibles con el principio de trato diferenciado. Además, recomienda que todas las personas menores de 18 años sean procesadas exclusivamente bajo la jurisdicción del sistema de justicia juvenil, sin excepciones.
El Poder Judicial advierte que esta ley representa un retroceso en los derechos de la niñez y adolescencia, pues pone en riesgo su reintegración social. En ese marco, invoca a las juezas y jueces a ejercer control difuso e inaplicar la norma cuando resulte contraria a la Constitución o a los tratados internacionales.
Finalmente, exige la pronta implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, que incorpora mecanismos de justicia restaurativa, terapéutica y diferenciada, en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos.
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