Poder Judicial ratifica “ilegalidad” de organización política vinculada a Antauro Humala
Organización vinculada a Antauro Humala es declarada ilegal por el Poder Judicial. Foto: Andina.
El Poder Judicial (PJ) confirmó, en segunda instancia, el fallo que declaró la “ilegalidad” de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.), vinculada a Antauro Humala.
Dicha resolución fue adoptada unánimemente por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia tras el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la organización política.
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“Se ratifica la sentencia que había declarado ilegal a la alianza nacional, ordenando la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el cierre de todos sus locales partidarios”, escribió el PJ en X.
El Poder Judicial agregó que dicha resolución será notificada y publicada en los próximos días.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA A. N. T. A. U. R. O.: ¿POR QUÉ SOLICITARON SU DISOLUCIÓN?
La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial declarar ilegal al partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros por considerar que realiza actividades antidemocráticas y transgrede derechos fundamentales de políticos y personas de la comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes.
“Por considerar que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes)”, se lee en el comunicado emitido por la Fiscalía en agosto del 2024.
El pedido lo hizo específicamente el Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo de primera instancia del PJ, emitido en octubre pasado, admitió tres de las cuatro disposiciones fiscales. Las primeras se enfocaron en la disolución de la organización política, mientras que la cuarta, sobre la inhabilitación de la cadena de mando para ejercer funciones públicas, fue desestimada.
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