La solución definitiva para acabar con la informalidad en el transporte interprovincial y evitar más tragedias como la de Fiori sería reducir a tres el número de terminales en Lima Metropolitana, indicó el expresidente de Protransporte, Gustavo Guerra García.

Asimismo, sostuvo que estos tres terminales deberían ubicarse en los accesos norte, centro y sur de la ciudad, pero que esta iniciativa debería ir acompañada de un plan de largo plazo en el que la Municipalidad Metropolitana de Lima defina zonas de exclusión para que progresivamente todos los terminales informales se muevan a estos tres lugares.

[Lee también: MTC denuncia penalmente a empresa Sajy Bus]

“Lo que en todos los países del mundo se hace es que en los accesos a las ciudades están localizados los grandes terminales interprovinciales, desde los que operan todas las empresas. Así como en el aeropuerto es un solo punto en el que todas las empresas tienen una oficina de counter, lo mismo ocurre con los terminales”, señaló en Cara a Cara.

Al respecto agregó que “un exceso de neoliberalismo salvaje que predomina en el Perú hace 40 años, o 30, no nos permite planificar lo que en todo el mundo se planifica de esta manera”.

Puntualmente, sobre la tragedia de Fiori consideró que la responsabilidad principal es de la empresa Sajy Bus al operar en terminales no autorizados. En tanto, Sutran y el Ministerio de Transportes también tienen una cuota de responsabilidad, a su juicio.

“Es obvio que detrás de los problemas técnicos de esta empresa está una debilidad enorme del MTC para, a través de Sutran, controlar el sistema de inspecciones técnicas, que no es el problema solo de este carro”, dijo.

Agregó que Sutran tiene que vigilar que ninguna empresa de transporte urbano (porque es obligatorio que todos tengan GPS) pueda salir de un terminal que no está autorizado. No obstante, precisó que Sutran, con todos sus defectos, es “relativamente la institución que mejor regula el sistema de transporte”.

Por otro lado, aseguró que el MTC está en las condiciones de juntar a la Policía Nacional y al Ministerio Público para apoyar de una forma más clara a los municipios locales que para recuperar el control en los terminales informales

“Obviamente no solo hay que realizar el desalojo y la clausura sino que además se tiene que trabajar para hacerlo sostenible”, puntualizó.