La Fiscalía de la Nación desistió de la apelación para impedir la presencia de la Procuraduría General del Estado en las diligencias que forman parte de la investigación por los delitos de genocidio y homicidio que se realizan contra la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola, jefe del gabinete. La medida también beneficia a los abogados de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Esto ocurrió en la audiencia de apelación de tutela de derechos realizada en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que iba a evaluar la apelación presentada por la Fiscalía contra el fallo que permitía la participación de la Procuraduría General del Estado.

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Silvia Sack Ramos, fiscal ajunta suprema provisional informó ante el juez supremo César San Martín que la Fiscalía de la Nación había decidido dar marcha atrás tras evaluar que las normas y el Código Procesal Penal plantean que se garanticen los derechos de las partes agraviadas.

El caso inició luego que la Fiscalía de la Nación tomara las declaraciones de Alberto Otárola Peñaranda sin la presencia de abogados de las víctimas ni de la Procuraduría General del Estado.

 PROCURADURÍA CONFORME CON DESISTIMIENTO

#AHORA | Ante el desestimiento de la @FiscaliaPeru en la audiencia de apelación de la tutela de derechos en torno al caso seguido contra la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola, la @PGE_Peru se mostró conforme. Con ello, se reafirma participación de la PGE en este proceso. pic.twitter.com/sfNNMqK3QH

— Procuraduría General del Estado - Perú (@PGE_Peru) August 15, 2023

La Procuraduría General del Estado se mostró conforme ante el desistimiento.

“Con ello, se reafirma la participación de la PGE en este proceso”, escribió en su cuenta de Twitter.

En marzo último, el juez supremo Juan Carlos Checkley permitió que la Procuraduría General del Estado al declarar “fundada en parte” la tutela de derechos de la PGE ante la fiscalía por la investigación contra la mandataria y otros altos funcionarios.

"Declarar fundada, en parte la tutela de derechos solicitada por el Procurador General del Estado contra la Fiscalía, en el extremo de su participación como parte agraviada, en la investigación seguida contra doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra y otros altos funcionarios por la presunta comisión de los delitos contra la Humanidad, modalidad Genocidio y otros, en agravio de la Sociedad y otros", expresó el Poder Judicial.