Zoraida Ávalos: Poder Judicial archivó el proceso en su contra
Poder Judicial archiva proceso contra Zoraida Ávalos. Foto: Andina.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley Soria, archivó el proceso abierto contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por suspender la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, en 2022.
Al expresidente Pedro Castillo se le investiga por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
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La instancia judicial señala que Ávalos Rivero no cometió delito de omisión de acto funcional para ser perseguido penalmente.
Por lo tanto, declaró fundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de la suspendida fiscal suprema en el proceso seguido en su contra por el delito contra la administración pública.
Finalmente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria pidió sobreseer el caso de la exfiscal de la nación y archivarlo definitivamente una vez que sea consentido o ejecutoriado.
ZORAIDA AVALOS: EL CONGRESO LA SUSPENDE
Como se recuerda, el 23 de junio de este año, el pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente e inhabilitar a la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, para el ejercicio de la función pública por cinco años.
El documento que recomendaba inhabilitarla por la presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución Política, obtuvo 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones.
Además, el proyecto de resolución legislativa que la acusa por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, fue aprobado con 73 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones.
La denuncia fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) y Javier Pacheco, exprocurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Asimismo, fue hecha suya por la parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular).
Durante su participación, Ávalos sostuvo que la denuncia en su contra carecía de fundamento constitucional y jurídico.
