La Comisión Permanente del Congreso otorgó, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final respecto a la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y 18 integrantes de su entonces gabinete ministerial.

La votación fue por 15 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, en la sesión conducida por el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes.

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Según la denuncia presentada por la congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) y otros, a Castillo y sus exministros se les acusa de presunta infracción constitucional del artículo 2, incisos 11, 12 y 24 b. y los artículos 14 y 22 de la Constitución Política.

La denuncia es por haber dispuesto, a través del Decreto Supremo N.° 034-2022-PCM, una inmovilización social obligatoria el 5 de abril de 2022, y “habernos privado injustificadamente de nuestros derechos a la libertad de tránsito y de reunión, al trabajo, a la educación, a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para nuestro desarrollo”.

¿QUIÉNES ESTAN INCLUIDOS EN LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL?

Entre los denunciados están Aníbal Torres Vásquez, ex presidente del Consejo de Ministros; José Luis Gavidia Arrascue, ex ministro de Defensa; Alfonso Chávarry Estrada, ex ministro del Interior; y Félix Inocente Chero Medina, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Así como también a Dina Ercilia Boluarte Zegarra, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social; Betssy Chávez Chino, ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo; Geiner Alvarado López, ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y otros.

El plazo para la investigación y presentar informe se da en cumplimiento del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso referido al procedimiento de acusación constitucional.

“El plazo dentro del cual la SAC realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales”, señala el Reglamento.