Los Gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay, países miembros del Grupo de Lima, emitieron un comunicado conjunto ante la profunda crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela.

En ese sentido, condenaron la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en Venezuela, reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos.

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Agregaron que no reconocen la legitimidad y credibilidad del proceso electoral desarrollado en ese país, que concluyó el 20 de mayo de 2018, por no cumplir con los estándares internacionales, no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos y haberse desarrollado sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

Hicieron un llamado a la instalación de un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia.

Además, expresaron su profunda consternación y alarma por las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, denunciadas en los informes y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y registradas en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos, y la falta de acceso a la justicia, así como la erosión de los controles y equilibrios institucionales y de la democracia en ese país.

Igualmente, expresaron su profunda preocupación por informaciones recientes sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz aprobada en 2014 por la CELAC.

Reiteraron el llamado urgente al gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición.

Reconocieron, también, la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que, ante la grave situación en ese país, busca apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.

Finalmente, expresaron su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el derecho internacional aplicable, medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.