Exfuncionarios del Callao pretenden evadir sanción con hábeas corpus
La Contraloría General de la República advirtió que nueve exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao pretenden evadir una sanción administrativa que se les impuso por faltas graves y muy graves por un hábeas corpus del Juzgado de Paz Letrado con Funciones de Investigación Preparatoria de Los Órganos, Corte Superior de Justicia de Sullana, en Piura.
Indicó que en su proceso administrativo sancionador, en primera instancia, los involucrados recibieron entre 4 a 5 años de inhabilitación para laborar en el Estado por el caso de la simulación de una capacitación docente, autorizada por los exfuncionarios que laboraban en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED), entidad del gobierno regional. “La capacitación nunca se realizó y ocasionó al Estado un perjuicio de 6 millones de soles en los años 2011 y 2012”, agregó.
La demanda contra el proceso administrativo de la Contraloría la presentó el exgerente de Asesoría Jurídica del CAFED, Luis José Calderón Vargas. “El caso fue atendido por el juez Juan José Albán Parra, quien en un hecho inusual, en la sentencia de primera instancia, anuló todo el proceso con lo que no solo estaría liberando de la sanción al demandante sino que extendió el habeas corpus a favor de otros ocho exfuncionarios regionales implicados en el caso, sin que lo hayan solicitado ni interpuesto acción o tutela jurisdiccional”, detalló.
También señaló que, en un principio, los involucrados habían apelado la inhabilitación ante el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativas de la Contraloría, que realiza hoy una audiencia para escuchar los descargos de los 13 administrados involucrados en este caso.
Para la Contraloría, esta decisión judicial afecta sus competencias y autonomía establecidas en el artículo 82° de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley N° 29622, y las facultades otorgadas al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.
