En sesión de Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley que busca proteger la información privilegiada que tienen las investigaciones penales para que estas no se desnaturalicen y tampoco afecten a los testigos y a los colaboradores. 

Con este proyecto se busca incorporar el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, el cual tiene como objetivo salvaguardar dicha información a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales en general. 

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Nuestro Código Procesal Penal señala con mucha claridad que la investigación penal es reservada, más aún en aquellos casos que son complejos, donde se investigan actos de corrupción y crimen organizado. En casos de actos de corrupción complejos, puede terminar por caerse la investigación, porque esta información es divulgada y alerta incluso a muchos investigados que se ocultan de la administración de justicia o fugan del país. 

Asimismo, busca garantizar que los actos de investigación alcancen sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social.

Además, se aprobaron también dos proyectos de Ley; uno de ellos busca reformar los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú para fortalecer el juicio y antejuicio político realizados en el Parlamento. Aplicaría para altos funcionarios del Estado como el presidente de la República, ministros, congresistas, jueces y fiscales, Defensor del Pueblo entre otros.

Este Proyecto de Ley establece que será una comisión especial conformada por los tres jueces o juezas de mayor antigüedad de la Corte Suprema quienes determinarán sobre si hay merito o no para la formación de causa penal. 

Se establece que, en caso se determine que hay lugar a formación de causa penal, se deberá remitir los actuados al o la Fiscal de la Nación para la formalización de la investigación penal respectiva ante el juez supremo penal. 

Finalmente se aprobó el Proyecto de Ley que crea y regula el beneficio penitenciario de libertad vigilada humanitaria de la pena. Este beneficio penitenciario sería para personas adultas mayores de 65 años, que padezcan enfermedades crónicas, trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos, alguna discapacidad física permanente que afecte considerablemente su capacidad motora y quienes cumplen pena privativa de la libertad por condenas menores de 12 años. 

Mediante el beneficio penitenciario de libertad vigilada humanitaria de la pena el sentenciado cumple su condena a través de la vigilancia electrónica personal dentro de un radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito circunscrito a la provincia donde se encuentra el domicilio o lugar que señala.

Cabe mencionar que los proyectos de ley aprobados son enviados al Congreso de la República, para su posterior debate y /o aprobación en el pleno. 

Con información del Minjusdh.