Dentro de los cuatro proyectos de reforma política pendientes de ser aprobados en la Comisión de Constitución el más difícil será el que busca fortalecer la democracia interna de los partidos políticos a través de elecciones primarias universales, aseguró el congresista Gino Costa.

A juicio del parlamentario de la Bancada Liberal el referido proyecto -que se verá este lunes 1 de julio en dicho grupo de trabajo- busca darle participación a la ciudadanía en decidir cómo se confeccionan las listas al Congreso y quiénes son los candidatos presidenciales de cada partido, despojando a las cúpulas de esa facultad.

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Agregó que de esta manera se podría prescindir del voto preferencial en las elecciones generales, que calificó como “terrible” porque fomenta la competencia entre los miembros de la lista. “Tú adelantas a las primarias esa competencia y después de las primarias es el partido el que sale a defender su doctrina y su propuesta”, remarcó el legislador.

Respecto a los otros dos proyectos de reforma ya aprobados en la Comisión de Constitución, sobre impedimentos para postular a un cargo de elección popular e inscripción y cancelación de partidos políticos, dijo que deberían ser aprobados sin ningún problema en el pleno debido al gran consenso que se logró.

De otro lado, Gino Costa consideró que la Comisión Especial para seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) carga la mayor responsabilidad de la frustrada convocatoria que terminó sin designar un solo integrante de dicho comité.

“Quienes fueron los responsables de modificar, a través del Congreso, la ley remitida por el Poder Ejecutivo fue la Comisión Especial, que pidió un examen de conocimiento, que creo que es parte del problema. El Ejecutivo había dicho vamos a pedir un ensayo, una prueba conceptual sobre el criterio de los candidatos [...] era una cosa distinta que un examen de conocimiento medio memorístico, que es lo que ahuyenta a buenas candidatos para presentarse”, sostuvo.

Por último, lamentó la separación de Carlos Romero y de sus colegas del Consejo Nacional Penitenciario por la liberación del sicario Rubén Moreno Olivo. Para el congresista la medida fue “desproporcionada” ya que -según señaló- hubo negligencia de mandos inferiores del Inpe y del Poder Judicial al no registrar la sentencia de 25 años que se le impuso por el asesinato del ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco.