La Contraloría General identificó presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de interconexión vial de cinco distritos de Arequipa, conocido como Puente Chilina, en el que se habría ocasionado al Estado un perjuicio económico por más de 13 millones 605,000 soles.

En la obra ejecutada por el Gobierno Regional, se detectaron presuntas irregularidades en el proceso de expropiación de predios y contratos concernientes al proyecto “Construcción de la vía troncal interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado” que impulsó la anterior gestión regional, se informó. 

Se evidenció que se adquirieron 12 predios en el sector Carmen Alto, los mismos que no estaban saneados y que además no se encontraban en los alcances del proyecto. Ello implicaba un nuevo trazado, distinto al aprobado y declarado viable -denominado “Tramo V”- que se extendía por la calle Ramón

Castilla y Carmen Alto. Esta situación habría generado un presunto perjuicio económico por más de S/ 8 millones 495 mil. 

La compra de dichos predios estuvo a cargo del Área Funcional No Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos-AFAPEE, instancia creada con la presunta finalidad de vulnerar las normas que regulan la estructura orgánica de la entidad al asumir una función que le correspondía a la Gerencia Regional de Infraestructura. 

En zona intangible 

Otra de las presuntas irregularidades detectadas es que se adquirió un predio signado con el número 36, en una zona intangible denominada “Tocrahuasi”, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, sin la aprobación previa del entonces Instituto Nacional de Cultura-INC. El incumplimiento de normas relacionadas a la conservación de patrimonio arqueológico que impedían la continuación del proyecto y el pago en exceso sobre este terreno, habrían originado un presunto daño económico de más de S/ 2 millones 555 mil. 

La Contraloría, asimismo, halló que las transacciones para la expropiación de otros predios denominados 1-A, 1-B y 2, se hizo sin contar con el sustento técnico ni legal, generando un presunto perjuicio económico por más de S/ 2 millones 442 mil. 

Adicionalmente, se evidenció que las tasaciones de otros 73 predios para llevar a cabo la ejecución del proyecto se realizaron por peritos particulares, inobservando las normas de expropiaciones y contrataciones. No se tomó en cuenta las valuaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, lo que habría generado un perjuicio económico por más de S/ 83 mil 900. 

Por último, el proceso de selección para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra en lo que corresponde al tramo II (Augusto Salazar Bondy) y tramo V (Ramón Castilla – Carmen Alto), incumplió las normas de contrataciones. Además, el incumplimiento contractual en la elaboración del expediente técnico habría ocasionado un perjuicio económico por más de S/ 38 mil 500. 

Involucrados 

En los hechos estarían involucrados funcionarios, incluido un expresidente regional, quienes habrían incurrido en los presuntos delitos de Asociación Ilícita (Caso AFAPEE) y Colusión Agravada (en la adquisición de predios y tasaciones realizadas por peritos particulares y los indicios de irregularidades en el proceso de selección para la elaboración de expediente técnico y ejecución de la obra). 

El informe de la Contraloría, basado en un examen especial que abarcó el periodo del 1° de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2014, fue remitido a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Órgano Superior de Control para iniciar las acciones legales contra los presuntos responsables.