Poder Judicial ordena la incautación de vehículo de empresa cuya representante legal es hermana de defensor del pueblo
El Poder Judicial ha declarado fundado el requerimiento de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco. Foto: Andina.
El Poder Judicial ha declarado fundado el requerimiento de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco y ha ordenado la incautación de una motoniveladora perteneciente a la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L. La empresa está representada legalmente por Sara Gutiérrez Cóndor, hermana del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez.
De acuerdo con el documento fiscal, el 18 de octubre de 2023, personal de la División de Control Operativo – Grupo Operativo de la Intendencia de Aduanas Pucallpa (Sunat) intervino un vehículo mayor conducido por Lenin León C., quien transportaba una motoniveladora en la Carretera Central, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. El vehículo no contaba con la documentación necesaria para circular en una zona de tributación común, lo que sugiere una posible vinculación con actividades ilícitas de contrabando.
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La medida cautelar se obtuvo tras acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, respecto del bien que habría sido utilizado en la comisión del delito de contrabando; por lo que, se inscribió dicha medida para cautelar la preservación del bien en favor del proceso extintivo.
DEFENSORIA DEL PUEBLO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
El 2 de agosto, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Josué Gutiérrez Cóndor, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio.
La Defensoría argumenta que este Decreto faculta al juez para afectar bienes y recursos sin una sentencia judicial que declare su origen ilícito, lo que considera una violación de los estándares constitucionales del sistema jurídico.
Además, la Defensoría sostiene que el Decreto Legislativo infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, afectando negativamente el derecho a la propiedad y la libertad contractual del tercero de buena fe que adquiere un bien.
