Wilson Soto presenta proyecto de ley para que Ejecutivo asuma pensiones vitalicias de expresidentes
Wilson Soto propone que Ejecutivo debe asumir pensión para expresidentes. Foto: Congreso.
El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley (PL) que plantea la transferencia de la responsabilidad al Ejecutivo en la evaluación y el pago de las pensiones vitalicias concedidas a los expresidentes.
La iniciativa legislativa de Soto, con coautoría de sus compañeros de bancada, fue recibida por el área de trámite documentario del Parlamento con el título: ‘Ley que establece pensión a expresidentes constitucionales para precisar su concepto, extinción del beneficio y la entidad encargada de ejecutarla’.
SOBRE INICIATIVA
En términos económicos, Soto plantea que el subsidio monetario sea equivalente a la remuneración de un diputado. Además, sugiere la eliminación del beneficio para la cónyuge y dependientes menores en caso el exmandatario fallezca.
“Al fallecimiento del expresidente, el beneficio se extinguirá, lo que contribuirá al ahorro de los recursos del Estado. Esta medida no solo representa un alivio financiero, sino que también alinea el beneficio con su carácter temporal y personal, evitando su extensión a terceros”, dice el PL.
Por otra parte, el parlamentario propone que el Ministerio de Justicia (Minjusdh) sea la entidad encargada de constatar el cumplimiento de los requisitos mediante un informe.
También, busca que se establezca la suspensión inmediata del subsidio si se formula una acusación constitucional en contra del beneficiario. La eliminación definitiva llegaría en caso de emitirse una sentencia condenatoria.
“El beneficio queda en suspenso para los expresidentes respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial en última instancia los declare inocentes, y se extingue definitivamente por sentencia condenatoria”, se lee en otra parte.
Como último punto, la iniciativa también incluye una disposición que restringe el subsidio a exmandatarios condenados por delitos dolosos, apartándolos de recibir pensión u otros beneficios.
