Poder Judicial ordena reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez a la JNJ
Juristas Inés Tello y Aldo Vásquez deberán ser repuestos en la JNJ inmediatamente, por orden judicial. Foto: Andina.
El Poder Judicial ordenó la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
[Lee también: Keiko Fujimori: jueces instalan juicio oral del caso Cócteles]
La decisión la adoptó la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Lima al declarar fundada la demanda de amparo presentada por ambos juristas contra la decisión del Congreso de la Repúbica que dispuso su inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años.
Los jueces además ordenaron que Inés Tello y Aldo Vásquez sean repuestos de inmediato en sus cargos dentro de la JNJ.
El Congreso de la República los inhabilitó el pasado 7 de marzo. Sin embargo, la sala declaró improcedente dicha medida mediante la nulidad del informe Final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobado por la Comisión Permanente.
Ambos fueron acusados de infracción a la Constitución pues permitieron que Inés Tello continuara en la JNJ a pesar de haber cumplido 75 años, edad límite para ejercer el cargo.
Posteriormente, hubo una moción para remover de “forma inmediata” a todos los magistrados de la JNJ por haber suspendido a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, al vincularla con una presunta red criminal al interior del Ministerio Público.
De otro lado, el Poder Judicial dispuso que el Congreso se abstenga de aplicar medidas sancionadoras a los demás miembros de la JNJ como Antonio De la Haza, Imelda Tumialán, María Zavala y Guillermo Thornberry.
“ (…) Disponemos que el Congreso de la República se abstenga de incurrir en el futuro en las mismas infracciones al ejercicio de los derechos fundamentales amparados en esta sentencia, bajo apercibimiento de denunciarse penalmente a sus integrantes que las cometieran”, se lee en la sentencia.
Además, se dispuso “poner en conocimiento del Ministerio Público, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, cualquier acto de interferencia en el ejercicio independiente de nuestras funciones, de verificarse tal hecho”.
