Alberto Otárola: se evalúan acciones de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas en el Congreso
Alberto Otárola, jefe del gabinete, informó que probablemente presentarán un paquete de acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes que atentan contra la Constitución y caja fiscal. Foto: Composición Andina.
Alberto Otárola afirmó este miércoles que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evalúa acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que el Congreso de la República ha aprobado últimamente y que afectan a la Constitución, a la caja fiscal o ambas.
“Estamos haciendo un estudio especial se lo vamos a encargar a los especialistas y probablemente estemos presentando un paquete de acciones de inconstitucionalidad para que sea el Tribunal Constitucional el que decida la suerte de estas normas que afectan la Constitución, afecta en la caja fiscal o ambas cosas” remarcó.
El jefe del gabinete indicó que no están de acuerdo con normas que afectan a la meritocracia ni a la estabilidad económica. Esto en referencia a las leyes de nombramiento automático de docentes y cambios a la ley de colaboración eficaz.
“(…) democráticamente y pacíficamente vamos apelar a un órgano constitucional autónomo como es el Tribunal Constitucional para que finalmente decida sobre la suerte de estas normas” sentenció.
Durante la conferencia de prensa ofrecida en el patio de Palacio de Gobierno, Otárola precisó que cuando el Ejecutivo observa una ley lo hace con opiniones técnicas para que el Legislativo las analice. Sin embargo, esto no ocurre.
"Y muchas de estas leyes han sido aprobados casi de manera inmediata, sin reconsiderar o analizar las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo” agregó.
En ese sentido, añadió que solicitarán a la nueva Mesa Directiva del Parlamento una revisión sobre este procedimiento para conseguir una segunda reflexión.
POLÉMICAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO
El 23 de junio, el Pleno del Congreso aprobó la ley que condiciona y limita la colaboración eficaz en el marco de las investigaciones de la fiscalía en casos de corrupción.
De esta manera, quienes quieran acogerse a la colaboración eficaz deberán hacerlo desde un comienzo junto a su defensa. Además, se considerado sanciones administrativas, civiles y penales contra los fiscales que no velen por la reserva del proceso de colaboración.
Otra modificación importante es el tiempo para que el Ministerio Público realice sus investigaciones. Las deberá hacer en un plazo de 8 meses con una prórroga de 4 meses.
La otra norma polémica aprobada por el Congreso es la ley que permite el nombramiento automático de docentes de colegios públicos con tres o más años de contrato.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto indicó que la presente iniciativa “se financia con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.
