Congreso: prohíben comercializar chips y contratar telefonía móvil en la calle
Queda prohibido comercializar o contratar los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública. Foto: Congreso
El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que prohíbe y sanciona la comercialización y contratación de los servicios de telefonía móvil de forma ambulatoria o en la vía pública y sin contar con la verificación biométrica.
La propuesta aprobada establece que queda prohibido a las empresas operadoras de servicios públicos móviles de telecomunicaciones, bajo la responsabilidad administrativa y civil que corresponda: comercializar o contratar los servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública, así como en lugares que no cuenten con una dirección especifica reportada al Osiptel.
Asimismo, “comercializar o contratar los servicios públicos móviles de telecomunicaciones sin contar con la verificación biométrica de la huella dactilar del vendedor o persona natural que intervenga directamente en la contratación del servicio, ni con la verificación biométrica de la huella dactilar de la persona que adquiere dichos servicios en calidad de contratante, salvo las excepciones que establezca el reglamento”.
De igual forma, se disponen sanciones para las personas naturales y jurídicas que promuevan o intervengan en la comercialización, venta o contratación de servicios públicos móviles de telecomunicaciones de forma ambulatoria o en la vía pública, cuando participan con dolo o culpa en el planeamiento, realización, ejecución o control de dichas acciones.
TAMBIÉN SE DISPONE LA DESTRUCCIÓN DE CHIPS
Además, se faculta al Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional, y coordinación con el Osiptel a incautar y decomisar los SIM CARD o chips que se comercialicen en forma ambulatoria o en la vía pública, así como en lugares que no cuenten con una dirección específica reportada al organismo supervisor.
Las comisiones de Transportes y Comunicaciones, de Defensa del Consumidor; y de Justicia y Derechos Humanos emitieron sendos dictámenes, los cuales fueron consensuados hasta alcanzar un texto sustitutorio que fue aprobado abrumadoramente por la representación nacional.
