Plantean que condenados por corrupción en primera instancia no contraten con el Estado
Foto: Congreso.
Los condenados en primera instancia o quienes hubiesen admitido a través de sus representantes haber cometido o reconocido -ante una autoridad nacional o extranjera- delitos de corrupción, estarán impedidos de contratar con el Estado, como participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas.
Si se trata de consorcios, el impedimento se extenderá a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de ese tipo de sociedades.
Así lo dispone el dictamen aprobado, por mayoría, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Gladys Echaiz Ramos (APP), recogiendo las propuestas de los congresistas Jorge Montoya Manrique (RP) y Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País).
Ambas iniciativas legales plantean la modificación del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado para coadyuvar al logro de una administración pública libre de corrupción.
La Comisión de Justicia, en el análisis respectivo, consideró que la información cuantitativa presentada por el Poder Judicial sugiere que las probabilidades de que una persona condenada en primera instancia sea absuelta en una segunda son bajas.
De acuerdo a la sustentación que hizo la titular de la comisión, no se añadió ningún delito a la lista que ya existen en la actualidad, como son: concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección.
Así también malversación, cohecho pasivo propio, retardo injustificado del pago, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, soborno internacional pasivo, lavado de activos, entre otros.
La congresista Ruth Luque Ibarra (CD) consideró que la propuesta permitirá fortalecer y expresar una lucha firme contra la corrupción al incorporar como impedimento de contratación con el Estado a los condenados en primera instancia.
Alejandro Cavero Alva (Avanza País) se pronunció a favor de la propuesta y también se manifestó de acuerdo que se respete la presunción de inocencia como derecho constitucional.
POSTERGAN DEBATE
Ante el pedido de varios legisladores, se decidió postergar para la próxima semana el debate de la propuesta que plantea modificar el Código Procesal Civil a fin de optimizar el recurso de casación y fortalecer las funciones de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ello con la finalidad de brindar un mayor estudio a esa iniciativa.
En ese sentido, se pronunciaron los legisladores Ruth Luque Ibarra (CD) y José María Balcázar Zelada (PL).
Finalmente, el grupo de trabajo legislativo decidió en forma unánime el archivamiento de la iniciativa, de autoría de la congresista Katy Ugarte Mamani (PL), que planteaba incorporar el artículo 427-A en el Código Penal para sancionar el uso de placas falsas y/o adulteradas.
El fundamento para tal decisión fue que el caso ya se encuentra legislado en el Código Procesal Civil y Código Penal y dictaminar sobre éste implicaría una sobre regulación.
Con información del Congreso.
