PCM se pronuncia sobre proceso judicial iniciado por Cosco Shipping, propietaria del Puerto de Chancay
Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Foto: Andina.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se pronunció sobre el proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A., propietario del Terminal Portuario de Chancay.
“El Poder Judicial habría ordenado al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, declarando, además, inaplicables a las operaciones del referido terminal diversas normas legales que sustentan las competencias de Ositran”, precisó a través de sus redes sociales.
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La PCM advirtió que, de confirmarse tales supuestos, hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta, en cumplimiento de la normativa vigente.
La entidad señaló que el Terminal Portuario de Chancay, de propiedad del consorcio privado chino, debe cumplir con lo establecido en el ordenamiento jurídico peruano, incluida la regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de diversas entidades públicas.
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA ES POLÍTICA DE ESTADO
Entre ellas mencionó a la Autoridad Portuaria Nacional (APN); la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú; la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat); la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro); el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); y la Municipalidad Distrital de Chancay, en el ámbito de sus competencias.
“Dichas entidades cuentan con presencia en el terminal portuario y ejercen de manera efectiva las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna”, añadió.
En otra parte del pronunciamiento, la PCM recordó que en el Perú la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado que promueve y vigila la libre competencia, protege la propiedad privada y establece que la inversión nacional y extranjera está sujeta a las mismas condiciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú.
“La promoción de la inversión extranjera, sin distinción de su procedencia, es una política de Estado orientada a impulsar el desarrollo económico nacional, mejorar nuestra infraestructura crítica, promover la competitividad del país y luchar contra la pobreza”, agregó.
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