La Contraloría General de la República detectó que funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo habrían favorecido a tres empresas en licitaciones para la adquisición de volquetes, video cámaras y combustible por montos que superan los 25 millones de nuevos soles entre el 2008 y 2014.

Durante  una  acción de control, se determinó que en la compra de diez camiones volquetes para el servicio público básico del municipio, se gestionó la licitación pública, que involucró un monto de 5 millones 400 mil nuevos soles, sin contar con el sustento técnico que respaldara la cantidad y capacidad de las unidades requeridas.

Tampoco se contó con las especificaciones técnicas correspondientes, estableciéndose solo las mínimas; y se determinó el valor referencial y los factores de evaluación antes y durante el proceso de selección para beneficiar a la empresa Tracto Camiones USA EIRL, ganadora de la buena pro, restringiendo la participación de más postores.

Asimismo, se utilizaron indebidamente recursos del Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos del referido municipio. Finalmente, los volquetes fueron utilizados para un fin distinto como recojo de residuos domiciliarios.

En este caso, la carpeta de control de la Contraloría con las evidencias técnicas de las irregularidades detectadas fue remitida a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

Compra de video cámaras

La institución detectó que el municipio de Chiclayo gestionó la compra de 20 video cámaras a través de una adjudicación de menor cuantía que no contaba con el expediente de contratación aprobado, puesto que el proyecto no tenía viabilidad y carecía de certificación presupuestal y valor referencial vigente.

Además, consignaron en las bases administrativas características distintas a las establecidas en el expediente técnico, admitiendo como válidos documentos que no cumplían con los requisitos señalados. 

Así, aplicaron un procedimiento de evaluación que no estaba contemplado en las bases y le otorgaron al postor un puntaje que no le correspondía con el fin de favorecer con la buena pro a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, por un monto de un millón 178 mil nuevos soles, y suscribiendo el contrato sin haber designado al supervisor.

Asimismo, las cartas fianzas no fueron renovadas en  su oportunidad, habiéndose utilizado indebidamente recursos del canon para cubrir los desembolsos efectuados.

Los resultados de la auditoría fueron remitidos a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

Adquisición de combustible

La Contraloría determinó que el referido municipio efectuó pagos por la adquisición de combustibles a la empresa Combustibles y Transportes América EIRL durante los años 2008, 2009 y 2011 por 4 millones 73 mil nuevos soles, sin convocar los procesos de selección correspondientes.

Asimismo,  adquirió  combustible al mismo proveedor durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por 14 millones 531 mil nuevos soles a través de procesos de selección (subasta inversa) en los que los comités especiales admitieron sobres de habilitación que no cumplían algunos requerimientos técnicos mínimos para otorgar la buena pro a la referida empresa, con quien suscribió contratos adicionales y complementarios al margen de las normas de contrataciones  y autorizando el pago en exceso de 255 mil nuevos soles por concepto de reajuste de precios.

Cabe señalar que en una muestra de comprobantes de pago del período 2012 se evidenció que se efectuaron pagos a la empresa, sustentados con facturas cuyas guías de remisión citan códigos de autorización SCOP que no fueron generados  por Osinergmin o no los consignan; así como, se le pagaron 9,390 nuevos soles por concepto de servicio de banda de música para la inauguración de una obra pública.

En  este caso la carpeta de control de la Contraloría con las evidencias técnicas de las irregularidades detectadas fue remitida a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

(NDP)