Corte Suprema expresa preocupación por reformas impulsadas desde el Congreso
Tras una sesión extraordinaria, la Sala Plena de la Corte Suprema emitió un pronunciamiento sobre leyes aprobadas por el Congreso en materia penal, procesal penal y procesal constitucional. Foto: Difusión.
La Sala Plena de la Corte Suprema expresó su preocupación por las reformas impulsadas desde el Congreso de la República. Los magistrados denuncian que estas normas afectan la independencia judicial y exigen que su opinión sea valorada en el Parlamento.
A través de un pronunciamiento, los jueces supremos advierten que las reformas judiciales debilitan la separación de poderes, limitan el control constitucional y exponen a los jueces a riesgos disciplinarios.
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El juez César San Martín destacó que "no hay primeros o segundos poderes del Estado, sino una lógica de división de poderes, y todos estamos obligados a actuar coordinadamente". Añadió que las reformas propuestas han generado más problemas que soluciones.
Por otro lado, los jueces supremos titulares señalaron que las leyes promulgadas en materia penal, relacionadas con el sistema de justicia y las carreras judiciales y fiscales, fueron aprobadas sin consultar al Poder Judicial, la academia y los colegios profesionales.
"Los grandes cambios que requiere el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial y justificando veladamente el intervencionismo en el sistema de justicia que nada bueno traería consigo", puntualizaron.
PODER JUDICIAL CREA COMISIÓN ESPECIAL
Entre las modificaciones que consideran perjudiciales, destacan los cambios en la investigación preliminar, el crimen organizado, la detención judicial y la creación de comisiones exclusivamente parlamentarias para reformar el sistema de justicia. Además, subrayan que el proceso de reforma debería incluir a jueces y fiscales como parte de la solución.
La corte exige que su opinión sea valorada y confirmó la creación de una comisión para evaluar las leyes promulgadas y promover reformas razonables en defensa de la institucionalidad de la reforma judicial. La sala plena señala que 90 días no son suficientes para hacer cambios relevantes.
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